Contenido de las
elecciones y la democracia burguesa
Los ecuatorianos enfrentamos un nuevo proceso
electoral que se definirá en febrero del 2017.
La ciudadanía tendrá que soportar una campaña demagógica de numerosos
candidatos, partidos y movimientos (existen 70 grupos legalizados a nivel
nacional y local), una publicidad cara, engañosa y derrochadora donde se ofrece
el oro y el moro, alianzas que tratan de unir el agua y el aceite,
enfrentamientos donde los oponentes se sacan los cueros al sol. Pero detrás de
todo este espectáculo mercantil y poco edificante hay intereses que debemos
descifrar. Entender el significado profundo de las elecciones supone
caracterizar al Estado contemporáneo y su correspondiente forma de gobierno, la
llamada “democracia representativa”.
El Estado capitalista
no es neutral ni imparcial, no es la representación de todos los ciudadanos, ni
gobierna en función del bien común, como trata de convencernos la propaganda
oficial. El Estado capitalista está al servicio de la clase dominante que es la
burguesía, es decir de los dueños de las grandes empresas que en la época
actual son monopolios, muchos de ellos de carácter transnacional. Sus funciones
fundamentales son garantizar la propiedad privada, la acumulación de capital,
la explotación de los trabajadores, mantener el orden público y permitir el
funcionamiento de un sistema fundamentado en la desigualdad y la exclusión de
amplios sectores de la población. En síntesis, el Estado capitalista responde y
representa los intereses de la burguesía.
La denominada “democracia” es una forma de
gobierno que a través del sufragio permite la competencia entre las diversas
fracciones de la burguesía y grupos políticos que la representan, para dirimir
qué sector se alzará con el botín del poder. En las elecciones de las
principales autoridades del Estado se genera la ilusión de que el pueblo decide
libremente quiénes serán sus gobernantes. Pero es sólo una apariencia engañosa
porque el ciudadano común y corriente, en el mejor de los casos, se limita a dar
su voto por uno de los candidatos que previamente han decidido los partidos
legales. Las posibilidades de triunfo de las diversas candidaturas depende de
varios factores, pero principalmente de la cantidad de recursos disponibles
para realizar campañas muy costosas y bien planificadas por los expertos en
marketing electoral. La clase trabajadora y demás sectores populares no cuentan
con los recursos, la publicidad y acceso a los medios, ni con el aparato
institucional del Estado, para competir en igualdad de condiciones.
Es por eso que la democracia representativa, es
decir la que se basa en la elección de representantes, está llegando a una
saturación y a un estado de agotamiento a nivel mundial, fenómeno que algunos
analistas han denominado “deslegitimación de la democracia” o “crisis
de representación”. La democracia formal ha perdido credibilidad y los
ciudadanos están profundamente desencantados. El mejor ejemplo de esta
situación es lo que ocurre en Estados Unidos donde “el bipartidismo ha probado
ser uno de los sistemas más reaccionarios y conservadores de las élites
privilegiadas, no solo porque los billonarios tienen más influencia que
millones de ciudadanos desmovilizados, sino porque en estas elecciones nadie
quiere a los candidatos. Clinton y Trump son altamente impopulares” (Jorge
Majfuf: “Los colonizadores del mundo se sienten invadidos”).
Las
elecciones en el Ecuador
El Ecuador como país capitalista y
semicolonizado por las grandes potencias imperialistas no escapa a la situación
descrita anteriormente. Los candidatos con mayores posibilidades de ganar la
presidencia de la República y contar con un mayor número de representantes en
la Asamblea Nacional, expresan los intereses de los grupos monopólicos de la
burguesía y sus partidos más representativos.
Luego de una década de dominación de un
caudillo y un partido que ha concentrado todos los poderes del Estado, fenómeno
inédito en la historia del siglo XX que se caracterizó más bien por la
inestabilidad, el panorama electoral luce contradictorio y lleno de
incertidumbre (las encuestas afirman que cerca del 60% del electorado está
indeciso). Además, se debe tomar en cuenta el contexto socioeconómico en el que
se darán las elecciones, caracterizado por la recesión económica, luego de que
el gobierno de AP contó con los más grandes ingresos de la historia nacional
que permitieron la modernización capitalista y el afianzamiento de un modelo
consumista en el país. La secuela social más grave de la crisis es el aumento
del desempleo y el subempleo, ya que según cifras oficiales solamente el 40% de
la población activa cuenta con un empleo adecuado.
Utilizando un falso lenguaje socialista y
apropiándose de las luchas sociales contra el neoliberalismo, Correa impulsó un
modelo orientado a la modernización del capitalismo, pero sin cambios
estructurales que permitan superar la
enorme desigualdad entre las clases sociales. La concentración de la riqueza en
pocos grupos de carácter monopólico se mantiene prácticamente igual que en las
décadas pasadas(1). La soberanía se ha convertido en una quimera, ya que la
economía ecuatoriana sigue dependiendo del petróleo y unos pocos productos de
exportación. El modelo extractivista se
ha profundizado con grave afectación al medio ambiente. El cambio de la matriz
productiva es solamente un discurso, pues no se ha logrado un desarrollo
industrial ni productivo que satisfaga las necesidades más importantes de la
población. El endeudamiento público, tanto interno como externo, ha crecido
aceleradamente, de manera que en el próximo período, cualquiera sea el
candidato que triunfe en las elecciones,
se verá obligado a tomar medidas de ajuste que descargarán la crisis sobre las
espaldas de los más pobres.
En el terreno político se ha impuesto un modelo
represivo y autoritario (bonapartista) que ha convertido la democracia en un
cascarón vacío, al haber concentrado todos los poderes del estado en el
ejecutivo y básicamente en una sola persona: el Presidente Correa. Se ha
criminalizado la protesta social y se ha hecho un uso desmedido de la fuerza
pública, no se ha respetado el derecho a la consulta libre, previa e informada
de las comunidades en varios proyectos petroleros y mineros, se ha vulnerado y
puesto en riesgo a defensores de los derechos humanos, se ha promovido la
explotación petrolera en áreas protegidas y la minería a gran escala en zonas
de alta biodiversidad, no se han generado las condiciones adecuadas para
garantizar seguridad y justicia ciudadana, como en el caso de personas
desaparecidas y asesinadas, se ha atentado contra el derecho a la libre
expresión a través de una mala utilización de la Ley de Comunicación; estos
son, entre otros, algunos problemas que demuestran los vacíos e incumplimientos en materia de
derechos humanos.
La
derecha tradicional o vieja derecha
La clase dominante burguesa está representada
por dos proyectos principales:
El primero es la derecha tradicional que
expresa los intereses de los grupos con poder económico más antiguos,
especialmente los agroexportadores e importadores de la costa. Defiende
abiertamente el modelo neoliberal, es decir que la economía debe ser regida por
el mercado (el sector privado) y el Estado no debe intervenir en ella. Su
partido político principal es el Social Cristiano y su candidata
es Cynthia Viteri, aunque el personaje que maneja los hilos del poder es
Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil.
Con similares planteamientos se ha posicionado
el movimiento CREO del banquero Guillermo Lasso, dueño del Banco de Guayaquil,
el segundo más importante del país, que se constituye en el nuevo eje
articulador del capital financiero, especialmente costeño, luego de la quiebra
de varios bancos importantes ocurrida a fines del siglo pasado. En este mismo
sector, pero con menores posibilidades electorales, está el magnate Álvaro
Noboa, uno de los hombres más ricos del país, dueño de varias empresas y
finalista por cuatro ocasiones a la presidencia de la República.
La nueva derecha está representada por el continuismo
correísta
El segundo proyecto es la expresión de una
burguesía financiera, industrial e importadora más dinámica, estrechamente
vinculada al capital financiero internacional y a potencias emergentes como la
China, el mismo que ha logrado la hegemonía en el poder durante la última
década, a través de la nueva figura populista de Rafael Correa y su movimiento
Alianza País. Su binomio está conformado por Lenin Moreno para la Presidencia
y Jorge Glas para la Vicepresidencia.
Su propuesta es la continuidad del proyecto
neodesarrollista y bonapartista impulsado por Correa en estos diez años, que
consiste principalmente en modernizar el capitalismo a través de una
intervención más activa del Estado, aunque la crisis económica que vive el país
limita severamente dicha posibilidad. El correísmo captó todos los poderes del
Estado y logró desarticular y debilitar la movilización y la lucha de masas en
ascenso durante la “larga noche neoliberal”, dividiendo y golpeando fuertemente
a organizaciones sociales de oposición como la CONAIE, las centrales sindicales
agrupadas en el FUT, la UNE en el caso de los maestros, las organizaciones
estudiantiles como la FEUE, los gremios profesionales, movimientos sociales
como los ecologistas (Yasunidos), feministas, GLBTI, etc. De esta manera, Alianza País ha cumplido con su cometido de
frenar el proceso de organización y movilización social que se venía gestando
desde la década de los 80, debilitando a la clase trabajadora del campo y la
ciudad y garantizando el poder hegemónico de la burguesía.
Los candidatos de Alianza País no plantean una
salida a la crisis económica, social y política del país que no sea la vieja
receta de descargar la crisis sobre los más desposeídos
El proyecto reformista de los grupos de centro-izquierda
El proyecto reformista del frente llamado
“Acuerdo Nacional por el Cambio” es la expresión de sectores de la
pequeñoburguesía campesina e indígena, capas intelectuales como el magisterio y
sectores del sindicalismo organizado. Su base social está conformada por
organizaciones sindicales y sociales que han experimentado directamente la
pérdida y limitación de sus derechos y el autoritarismo del régimen. Dicho frente plantea la necesidad de reformas
económicas y conquistas democráticas al interior del sistema capitalista y su
programa tiene como ejes la reactivación productiva del país y la recuperación
de las libertades democráticas. Surge de un importante proceso de lucha y
movilización de los trabajadores desde mediados del 2014 para enfrentar las
políticas antipopulares del régimen gobernante, pero la coyuntura electoral lo
ha conducido hacia un frente policlasista, renunciando al principio de
independencia de la clase trabajadora frente a partidos burgueses como la
Izquierda Democrática (2).
Sus expresiones legales son Unidad Popular y
Pachakútik, brazo político del movimiento indígena. Su candidato a la
presidencia de la República es el General retirado Paco Moncayo (3),
auspiciadado por la Izquierda Democrática, luego de que algunos precandidatos
de este frente como Enrique Ayala del socialismo crítico, Mesías Tatamuez,
dirigente sindical de la CEDOC-CUT y miembro del MRT, Lourdes Tibán del
Pachakútik y Lenin Hurtado de la UP, renunciaran a sus aspiraciones
presidenciales.
De esta manera, un proyecto independiente de la
clase trabajadora con un programa de cambios estructurales y una propuesta para
que la crisis no sea descargada sobre los más pobres, ha quedado huérfano de
expresión en el campo electoral. Por eso nuestra decisión es llamar al voto
nulo en lo que se refiere a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia
de la República.
Llamado a conformar un bloque proletario y
popular
El MAS hace un llamado a los sectores sociales
y los grupos políticos que no estamos dispuestos a colocarnos a la cola de los los intereses y los
proyectos de las diferentes fracciones de la burguesía, a conformar un bloque
independiente que enarbole un proyecto de la clase trabajadora y los
movimientos sociales antisistema, no solamente en la presente coyuntura
electoral sino a mediano y largo plazo. Debe ser un proyecto anticapitalista
que parta de una comprensión objetiva de lo que acontece a nivel mundial, donde
existe una irresoluble crisis estructural del capitalismo que ya no garantiza
el proceso de acumulación de capital. Además, los empresarios y los gobiernos
tratan de remontar la crisis aumentando la explotación de la clase obrera de la
ciudad y del campo, descargando sobre sus espaldas los planes que el FMI exige
en todo el mundo.
Frente a la crisis capitalista y civilizatoria
es necesario es necesario seguir levantando con más fuerza el programa de la revolución
socialista mundial en reemplazo del capitalismo, pero no el socialismo
burocrático y degenerado implantado por Stalin y la burocracia en la URSS luego
de la muerte de Lenin, sino un socialismo que expropie a la burguesía y
socialice los grandes medios de producción, sin sacrificar la democracia
obrera, ni suprimir las libertades básicas. Debe ser un proceso de acumulación
de fuerzas del campo popular que propicie el avance de poder popular y se
construya desde abajo, privilegiando
mecanismos democráticos como las asambleas populares.
Ante la coyuntura crítica que vive el Ecuador,
caracterizada por el endeudamiento público creciente, la recesión económica, el
aumento del desempleo y el subempleo, el déficit, la mala calidad de servicios
de salud y educación, es necesario plantear una propuesta que no descargue la
crisis sobre la clase trabajadora y los grupos sociales más vulnerables, sino
sobre los grupos empresariales más poderosos que, según lo señalado por el
propio gobierno, han triplicado sus utilidades desde el 2007.
Por eso nuestro Programa plantea puntos como el
no pago de la deuda externa, la nacionalización de la telefonía celular y la
estatización de los sectores estratégicos de la economía. La no firma del TLC
con Europa y las grandes potencias. La prohibición de despidos de los
trabajadores por parte de las empresas.
El impulso y desarrollo de las actividades económicas y productivas que generen
empleo y se hallen orientadas a la satisfacción de las necesidades básicas,
dando prioridad a la gestión comunitaria y cooperativa y sin afectar al medio
ambiente. El acceso libre y gratuito a todos los niveles educativos, inclusive el
universitario. El acceso universal a la salud y a la seguridad social de manera
gratuita. La participación de todos los ciudadanos en las decisiones políticas
a través de asambleas populares con capacidad decisoria. El total respeto a las
libertades básicas de libre pensamiento, libre expresión, libre organización,
el cese a la criminalización de la protesta social y la vigencia plena de los
derechos humanos.
Planteamos también la necesidad de retomar la
movilización y diferentes acciones de resistencia y de lucha como único camino
para enfrentar al poder capitalista burgués, encarnado tanto en el gobierno
actual como en la derecha neoliberal. Sabemos que gane quien gane las
elecciones, aplicará las políticas y medidas de ajuste para tratar de salir a flote
de la complicada situación económica y financiera que hereda el gobierno de AP.
Le apostamos a la lucha de los explotados y oprimidos, le apostamos a la lucha
de clases y no al programa que los movimientos políticos reformistas le están
apostando: unidad con los de arriba, reformismo sin reformas. Gobierne quien
gobierne debemos continuar defendiendo los derechos de la clase trabajadora y
todos los sectores oprimidos y excluidos por el sistema capitalista.
(1) Según un reciente estudio realizado por la
Revista Gestión No 267, de septiembre/octubre del 2016, las grandes empresas
que en número apenas superan el 5% del total, representan la mitad de los
activos, el patrimonio, las ventas y las utilidades de las cerca de 50.000
empresas que reportaron a la Superintendencia de Compañías en el 2015.
(2) La Izquierda Democrática es un partido que
ya alcanzó el poder en el período 1988 – 1992 con Rodrigo Borja Cevallos. Pese
a su ideario socialdemócrata, su gestión fue una variante del neoliberalismo y
no marcó una diferencia significativa con su antecesor el socialcristiano León
Febres Cordero. Aplicó las recetas neoliberales del Consenso de Washington que
mantuvieron las estructuras de injusticia social, pobreza y desigualdad en la
sociedad ecuatoriana. La inflación fue muy alta debido a políticas como las
minidevaluaciones y las medidas de ajuste impuestas por el FMI para garantizar
el pago de la deuda externa. Impulsó reformas y la flexibilización de las leyes
laborales que afectaron fuertemente los derechos de los trabajadores y
limitaron el desarrollo del sindicalismo. Tampoco intentó respuestas ante las
condiciones de pobreza y desigualdad prevalecientes en el agro que se
expresaron en las demandas del gran levantamiento indígena de 1990.
(3) El General Paco Moncayo adquirió notoriedad
en la Guerra del Cenepa frente al Perú y ha ocupado cargos públicos como la
alcaldía de Quito por dos períodos, habiendo formado parte del Congreso y la
Asamblea Nacional. Se ha definido como socialdemócrata aunque su ideología
corresponde mas bien a un liberal progresista. Su gestión en la alcaldía de
Quito se caracterizó por estar orientada a la privatización de varios
servicios, a través de fundaciones que
llegaron a manejar cerca del 50% del presupuesto municipal. Recientemente se
solidarizó con los militares acusados de
haber cometido delitos de lesa humanidad investigados por la Comisión de la
Verdad, especialmente durante el período de Febres Cordero.
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