En este momento, los datos oficiales apuntan a cerca de 7 400 casos confirmados de pacientes infectados solo en la ciudad de Guayaquil y miles de muertos en sus casas. La realidad es que, si contabilizamos el número de fallecidos en esos últimos 40 días, las cifras son impresionantes: entre 15 de marzo y 15 de abril de este año fallecieron 7 700 personas, en comparación a una media histórica de 2000 muertos. Eso es resultado del colapso del sistema de salud, ocasionado por la ocupación de la capacidad máxima de todos los hospitales.
En una entrevista para un medio internacional, la alcaldesa de la ciudad, Cinthya Viteri, respondió a la pregunta por las causas específicas del porqué de la situación de Guayaquil con las siguientes palabras, “la responsabilidad es de todos” y “no había qué hacer, nos agarró de sorpresa”, incluso llegó a comparar la arremetida de la pandemia con los bombardeos atómicos de Hiroshima. La verdad es que los graves acontecimientos que están ocurriendo en este momento en la capital económica del Ecuador tienen una explicación. La crisis, que solo aparece como un problema sanitario, es causada por la bancarrota de un modelo económico y político muy claro: la aplicación del neoliberalismo desde hace más de 20 años de manos del mayor partido de la burguesía ecuatoriana, el Partido Social Cristiano (PSC), junto con un gobierno nacional que durante los tres años de su administración se dedicó de manera constante a desmontar el sistema de salud pública con la reducción del 37% del presupuesto, 12 mil despedidos entre salubristas, médicos, además del cierre de los convenios de asistencia sanitaria, en particular con Cuba. Somos marxistas y sabemos que no es casualidad que Guayaquil se volviera el epicentro del coronavirus en América Latina.
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| El cadáver de un fallecido por coronavirus, abandonado a las puertas de un centro médico de Guayaquil. / |
Guayaquil – la capital de la desigualdad en el Pacífico Sur
Guayaquil es la ciudad más grande de Ecuador y alberga
a uno de los principales puertos latinoamericanos en el Océano Pacífico. Además,
es la puerta de entrada y salida del 90% del comercio nacional y representa una
gran concentración urbana, con cerca de 2 500 000 habitantes (3 000 000
contando la región metropolitana). Históricamente, es una ciudad con una
economía basada en el comercio, y es también donde se ubica la mayor parte de
la industria manufacturera del país. Entre 1990 y el 2005, la población
prácticamente dobló su tamaño, recibiendo un gran contingente de trabajadores,
principalmente de otras provincias como Manabí y Esmeraldas. La crisis de los
años 2000 intensificó este proceso de migración interna y una gran cantidad de
personas se trasladaron a Guayaquil en búsqueda de trabajo y mejores
condiciones de vida.
Los trabajadores migrantes se sumaron a la masa de
obreros que ya vivían en las faldas de la ciudad, ocupando áreas periféricas de
manglares y pantanos. El escenario actual es muy semejante al existente en
varias otras ciudades latinoamericanas: el 14% de la población económicamente
activa recibe menos de 80 dólares por mes, y 2.9% se encuentra en una situación
denominada pobreza extrema, donde los ingresos mensuales no llegan a los 45
dólares por mes.
Esto se suma al hecho que 45% de los empleos son
informales, principalmente en el sector de servicios, de ventas ambulantes,
trabajos de carácter extremamente precario. Este hecho se junta a otro elemento
importante para comprender la situación actual: el sistema de salud público en
Ecuador es muy precario, limitado a puestos de salud en barrios. Fuera de esto,
el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) cubre únicamente a los
contribuyentes del sistema de pensiones. En la provincia de Guayas, el número
de afiliados al IESS es menor a un tercio de la población total, dejando a más
de la mitad de los trabajadores y trabajadoras a merced de la salud privada.
Desde 1992, la ciudad de Guayaquil, así como toda la
provincia de Guayas, es gobernada por el Partido Social Cristiano (PSC), un
grupo político conservador y de derecha, cuya mayor figura pública, León Febres
Cordero, ocupó la presidencia del país en los años 80s. Su gobierno fue marcado
por una política económica extremadamente neoliberal y de fuerte persecución a
los movimientos sociales, al estilo de las peores dictaduras latinoamericanas.
En la ciudad, los políticos del PSC se han turnado
aplicando las mismas medidas, gobernando para los ricos, empresarios y
banqueros, abandonando a su propia suerte a los millones de trabajadores que
viven en la periferia. La política neoliberal se ha concretizado en la
privatización de todos los servicios esenciales (agua, luz,
telecomunicaciones), espacios públicos, salud y educación. En estas últimas
décadas la serie de obras públicas denominada “Regeneración Urbana” ha
favorecido a los grandes empresarios de la construcción civil, que han
reformado los barrios de clase alta y se ha privatizado los espacios públicos
como plazas y parques. Los barrios de la periferia, donde vive la mayoría de
trabajadores, continúan sin ningún tipo de contribución por parte de las
autoridades, faltan sistemas de distribución de agua, alcantarillado, atención
médica, planeamiento urbano, entre otras privaciones. La situación sólo empeora
cuando el promedio de habitantes por casa es de alrededor de 5 personas y 44%
de las casas poseen a penas 1 persona con trabajo.
Esta lógica neoliberal capitalista, de poca
participación estatal para solventar las necesidades de la población está
demostrando su lado más cruel en medio de la pandemia. La desigualdad que se
viene agudizando en la ciudad, dejó mucho más vulnerables a la clase
trabajadora y los sectores populares. Y cuando las personas comenzaron a morir
en sus casas, el gobierno dijo que la recolección de los cuerpos no era
problema de ellos y que eran las empresas privadas funerarias quienes deberían
retirar los cuerpos. Estas, a su vez, se negaron por no poder cumplir con los protocolos
de protección. Por esto, el gobierno nacional delegó al ejército la tarea de
recoger los cuerpos.
El problema sanitario también es político...
Guayaquil tuvo la ventaja de haber identificado al
primer paciente portador del coronavirus que llegó a la ciudad el 14 de
febrero. La primera medida anunciada por el gobierno local se dio sólo el 4 de
marzo, cuando la alcaldía anunció la instalación de aparatos de desinfección en
los edificios públicos y aeropuertos. La demora de 20 días en dar una respuesta
a la posibilidad de contagio masivo es la causa más inmediata de la tragedia que
hoy vive Guayaquil. El día 11 de marzo, la alcaldesa de la ciudad, Cinthya
Viteri, se lavó las manos y anunció que todos los problemas relacionados al
coronavirus eran de competencia del gobierno central. A partir de ese momento
todas las medidas fueron de orden pasivo, es decir, no hubo ninguna otra acción
del poder público en el sentido de contener el virus.
El gobierno de Lenin Moreno respondió de la misma forma
cómo reaccionó frente al levantamiento de octubre, con violencia y represión.
Instaló el toque de queda y sin ofrecer ninguna alternativa a la población más
pobre y a los trabajadores les obligó a quedarse en casa. En la primera semana
de cuarentena, el número de presos por incumplir el toque de queda fue superior
al número de contagiados. Estos presos en su gran mayoría eran hombres y
mujeres cuya única alternativa para llevar comida a sus mesas era salir a
buscar recursos en las calles.
Igual de criminal fue el manejo, por parte de las
autoridades, de los cuerpos de los miles de víctimas de la crisis; el gobierno
llegó, incluso, a considerar el uso de fosas comunes, en un claro irrespeto a
las más básicas normas internacionales de los Derechos Humanos. Hay centenas de
relatos de parientes de personas que fallecieron, cuyos cuerpos se perdieron en
hospitales y cementerios. En Guayaquil, tener una tumba digna se volvió un lujo
de pocos.
La confluencia de décadas de gobiernos locales
neoliberales y la falta de planeamiento urbano, junto con las políticas
nacionales que han generado el aumento de la desigualdad social, y han dado
escasos recursos a la salud pública llevó a la explosión y paralización de los
sectores de salud y servicios funerales.
Es por esto que, nosotros, desde el MAS, exigimos que
se garanticen las condiciones para la cuarentena de todos y todas. No con un
miserable bono de 60 dólares, sino con un salario mínimo de $ 400. Se deben
prohibir los despidos en el sector público y privado durante la pandemia y
garantizar el pago de los salarios, incluso exigiendo la apertura del secreto
comercial de las empresas para garantizarlo. También se deben congelar los
precios de la canasta básica. Para enfrentar la crisis habitacional y
garantizar la cuarentena, se deben expropiarse los hoteles y casas desocupadas
para garantizar la vivienda y cuarentena de quien no tenga hogar o condiciones
para hacerlo. Es urgente un sistema de salud nacional, público y universal, no
basta abrir al público general el IESS en tiempos de crisis, ya que solo es un
sistema apto para atender al 30% de la población. Y para lograr atender las
necesidades de la emergencia sanitaria se debe, no solo posponer, sino parar con
el pago de la deuda externa y priorizar la vida de las personas antes que las
ganancias de las empresas. Igual, repudiamos la Ley Humanitaria, propuesta por
Lenin Moreno, que aumenta los impuestos a los sectores vulnerables de la
población, dejando de lado las grandes ganancias de los banqueros y demás
capitalistas nacionales.
La responsabilidad, al contrario de lo que afirman los representantes de la burguesía guayaquileña, no es de todos, sino de sus gobiernos serviles a los empresarios. Y los trabajadores del campo y la ciudad, una vez más resisten día a día organizando la solidaridad con el objetivo de luchar por sus vidas. Este sentimiento de indignación debe transformarse en fuerza motriz para el verdadero cambio que permitirá vencer la crisis y construir una sociedad socialista e igualitaria.
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