¡No queremos morir ni por el virus ni por el hambre!¡Nuestras
vidas valen más que sus lucros!
La pandemia mundial del
coronavirus está provocando sufrimientos y cambios muy profundos en la vida
humana. No solo ha ocasionado en pocos meses, docenas de miles de muertos,
cientos de miles de contagiados y un colapso en los sistemas de salud de casi todos
los países, tanto en las potencias dominantes como en los países
semicoloniales, sino que ha profundizado la grave crisis económica que se venía
incubando desde hace algunos años, comparable a la de 1929 y quizá con secuelas
más graves.
La
única medida que se les ha ocurrido tomar a la mayor parte de gobiernos del
mundo es ordenar el confinamiento de la gente en sus casas, decisión necesaria
pero cruel para los que no tienen casa o sus viviendas son lugares hacinados,
estrechos, y no cuentan con los servicios básicos ni condiciones adecuadas para
una vida digna. Igualmente es una medida cruel para los que no tienen trabajo o
realizan un trabajo informal, puesto que se ganan el sustento con el trabajo
del día a día. La COVID-19, como le han llamado, es una crisis de salud que
sacude al conjunto de la sociedad, pero como toda crisis afecta más a las
personas que menos tienen: a los desempleados, a los trabajadores informales, a
las personas sin techo, a los migrantes.
Esta
catástrofe social no es una consecuencia de la naturaleza sino del capitalismo,
sistema que se caracteriza por la desigualdad entre las clases sociales, la
explotación de la burguesía al trabajador, la enorme brecha entre ricos y
pobres y todo tipo de discriminaciones. El origen de esta nueva plaga está en
ciertos virus que se encontraban desde hace siglos en sus reservorios animales
y han experimentado mutaciones que infectaron también a los seres humanos. Se
transformaron en epidemias por la explotación voraz y depredadora de los ecosistemas
naturales, es decir la agresión continua a la naturaleza por parte de las grandes
empresas capitalistas, principalmente las transnacionales.
La
aplicación de los planes y recetas neoliberales han profundizado la miseria,
han disminuido los salarios reales y han dejado los servicios básicos a
expensas de la voracidad del mercado. En el campo de la salud los gobiernos
redujeron los presupuestos de la salud pública y trasladaron la atención a los
hospitales y clínicas privados, es decir privatizaron los servicios sanitarios
provocando el desmantelamiento de los sistemas de salud pública. También
debemos recordar que existen otras pandemias que afectan a las poblaciones más
pobres de continentes como el África, Asia y América del Sur, como el hambre y
la desnutrición, o enfermedades que pueden ser controladas con un sistema de
sanidad adecuado como el dengue y el paludismo que provocan miles de víctimas
cada año, pero de las cuales casi no se habla en las esferas oficiales y en los
grandes medios de comunicación.
En
el Ecuador la pandemia presenta cifras alarmantes que crecen día tras día y no
se conoce cuándo llegarán a su nivel más alto y la curva comience a declinar.
Los contagios se multiplicaron más de 26 veces en los siete días que siguieron
a la declaración del estado de emergencia y la ciudad más afectada es Guayaquil
que concentra al 17% de la población ecuatoriana, pero donde se reportan el 78%
de los contagios. No es casual que sea la ciudad con mayor índice de pobreza
(11,2%), mientras Quito tiene el 8,4% y Cuenca un 4,1%. Esta situación ha
llevado al gobierno a tomar en Guayas medidas de excepción, donde las Fuerzas
Armadas la manejarán como una “zona de seguridad nacional”, es decir se
preparan las condiciones para reprimir la protesta social y vulnerar los
Derechos Humanos.
Este
grave problema sanitario y social ocurre en un contexto de crisis
socioeconómica debido a los bajos precios del petróleo, el modelo
agroexportador y extractivista que nos somete a un intercambio desigual con las
grandes potencias, la enorme desigualdad en la distribución de la riqueza, el
peso que significa el pago de la creciente deuda externa, el alto déficit
fiscal y la galopante corrupción que se arrastra desde la administración
anterior. Lenin Moreno que llegó a la presidencia auspiciado por el correismo,
luego de la ruptura con sus patrocinadores, adoptó políticas económicas
neoliberales totalmente alineadas con el recetario del FMI, con el cual firmó
una Carta de Intención en marzo del año pasado, a cambio recibir créditos por
alrededor de 10.000 mil millones de dólares, tanto del FMI como de otros
organismos multilaterales.
Las
medidas de ajuste como el alza de los combustibles que intentó aplicar en
octubre del 2019, se frenaron con un gran levantamiento popular que le obligó a
dar marcha atrás al paquetazo. Sin embargo, hace pocos días y aprovechándose de
la situación de emergencia por la aparición del Coronavirus, el gobierno
anunció nuevas medidas económicas como un recorte presupuestario que significa
continuar con los despidos de miles de trabajadores del sector público, un
aporte obligatorio de los mismos entre el 4 y el 8% de sus salarios, el
incremento del 0,75% en las retenciones del impuesto a la renta, la eliminación
de algunas instituciones públicas y la unificación de otras. Además, el
gobierno está decidido a privatizar las empresas públicas que prestan servicios
estratégicos como energía eléctrica, telecomunicaciones, medios de comunicación
y también anuncia que pagará cumplidamente la deuda externa (el martes 24 de
marzo, y pese al pedido de la Asamblea, de varias organizaciones de la sociedad
civil y académicos que le solicitaron el no pago de la deuda, pagó USD 325
millones de capital de los bonos 2020). En conclusión, el gobierno continuará
descargando el peso de la crisis sobre los trabajadores y no sobre los más
ricos y poderosos. Es por consiguiente, un régimen claramente alineado con los
intereses de los grandes banqueros y empresarios, es también un gobierno
proimperialista dispuesto a seguir todas las directrices del gobierno
norteamericano de Trump como lo ratificó en su última visita, donde se acordó
que el tema de la seguridad y la inteligencia del país estarán bajo el control
de las agencias norteamericanas.
Denunciamos
la enorme insensibilidad y la falta de solidaridad de la gran burguesía
ecuatoriana, voraz e insaciable, que solamente sabe exigir ventajas y
beneficios para sí. Está representada por las Cámaras Empresariales y sus
voceros, economistas neoliberales como los Dahik, Spurrier, Albornoz, Robalino,
Pozo y otros de la misma calaña, quienes
han venido presionando al gobierno para que adopte medidas como la reducción
del gasto público (es decir despidos de trabajadores), la eliminación de los
subsidios a los combustibles, un marco legal laboral temporal manejado por los
empresarios, medidas que alivien las obligaciones de los bancos, compensaciones
a los exportadores. Luego de terminada la emergencia plantean reformas
estructurales, como la reforma laboral, la reforma tributaria, incremento del
IVA y cambios en el Código de Finanzas Públicas y Código Monetario para
devolver la autonomía al Banco Central (ver carta titulada “Emergencia Económica
Nacional publicada el martes 17 de marzo en El Comercio). Es decir, buscan
aprovecharse de la emergencia de salud, para aplicar medidas que únicamente
benefician a los banqueros, exportadores y grandes empresarios, descargando la
crisis sobre los trabajadores y los sectores más pobres de la población.
Frente
a esta grave situación el Movimiento al Socialismo de Ecuador (MAS) propone las
siguientes medidas:
1.
El SISTEMA DE SALUD PÚBLICA debe ser la prioridad número uno, lo cual
significa que se le proveerá de todos los recursos económicos, tecnológicos y
del personal que sean necesarios para afrontar la gravísima situación provocada
por la pandemia del COVID -19, de la cual depende la vida o muerte de los
ecuatorianos y extranjeros residentes en el país. Es urgente que se importen de
manera inmediata las pruebas o test que permiten la confirmación del virus en
los enfermos sospechosos, así como los medicamentos que están dando resultados
en otros países como la China y Cuba. A los médicos y personal hospitalario que
se juegan la vida en la primera fila de atención a los enfermos, se les debe
proveer de los insumos de bioseguridad necesarios, bonificaciones económicas y
condiciones logísticas tales como transporte, alimentación y seguridad para
desempeñar su trabajo en condiciones óptimas. También exigimos que cese la
intimidación al personal de salud que ha realizado graves denuncias sobre la
situación del sistema de salud y que reclaman por sus legítimos derechos.
2.
Estatización de los servicios de salud mediante la expropiación de los
hospitales y clínicas privadas, puesto que en una situación como la que
atravesamos, la vida humana y no el lucro, debe ser el objetivo fundamental. La
salud debe concebirse como un derecho y no como un negocio. Todos los centros
médicos deben estar bajo control del Estado y una coordinación centralizada de la
campaña sanitaria.
3.
Nacionalización de las compañías farmacéuticas y cooperación inmediata entre
ellas para encontrar una vacuna y dispositivos para pruebas más sencillas.
Supresión de la propiedad intelectual en el campo de la medicina.
4.
Garantizar la seguridad alimentaria de toda la población, a través de
políticas de estímulo a los pequeños y medianos productores agrícolas,
especialmente a las comunidades indígenas y montubias, que son quienes producen
los alimentos de la canasta básica familiar, a través de líneas de crédito
preferenciales, apoyo técnico y comercialización. Es urgente que los productos
alimenticios lleguen directamente a los consumidores; el Estado debe facilitar
el transporte y la logística para que toda la población esté debidamente
abastecida. También proponemos que el Estado compre directamente la producción a
los campesinos e indígenas y la entregue de manera gratuita a las familias más
pobres y necesitadas de manera permanente y no solamente en la actual
coyuntura.
5.
Garantizar el acceso básico a los servicios básicos como el agua potable, la
energía eléctrica, gas y las telecomunicaciones y que no se cobre sus planillas
a la población de menores recursos mientras dure la emergencia.
6.
Parar la actividad en las empresas productivas y de servicios cuyos productos
no resulten indispensables en la actual coyuntura, a fin de que sus
trabajadores permanezcan en sus casas durante el tiempo que dure la emergencia
y que luego puedan reintegrarse a sus trabajos sin sufrir ningún recorte de sus
salarios y sus derechos laborales.
7.
Cese inmediato de los despidos de trabajadores tanto del sector público como
del sector privado. Reintegración de los trabajadores despedidos el año
anterior y el actual, especialmente en el caso de los trabajadores de la salud
(solamente hasta el 2020, han sido despedidos 7000 trabajadores).
8.
Los recursos para afrontar las anteriores propuestas se pueden obtener de tres
fuentes fundamentales: 1) la moratoria indefinida de la totalidad de la
deuda externa, tanto del capital como de los intereses, y que dichos
recursos sean destinen a las políticas sociales y productivas prioritarias,
principalmente para afrontar la emergencia de salud. En el presente mes de
marzo el gobierno se ha comprometido a pagar 1.230 millones de dólares por
servicio (intereses) de la deuda externa y cerca de 259 millones por deuda
interna. Lo que está en juego es pagar la deuda o salvar las vidas de los
ecuatorianos.
9)
Una contribución especial del 20% las ganancias extraordinarias de los
banqueros y de los 200 grupos económicos más poderosos del país, cuyas ventas
representaron el 62% del PIB en los años 2016 y 2017, así como un incremento
proporcional del impuesto a la renta.
10)
También se pueden obtener recursos de la reducción de los salarios de los
ministros y autoridades de jerarquía más alta, de los asambleístas y los
ejecutivos de las entidades autónomas, así como de la no entrega de los fondos
que se asignan a los partidos políticos para la próxima campaña electoral.
11.
Aplazamiento de seis meses en el cobro de créditos de la banca. Reducir las
tasas de interés y generar líneas de crédito que reactiven PYMES, los pequeños
negocios y el sector agrícola.
12.
Democratización del COE que es el organismo creado para tomar decisiones
urgentes ante la situación de emergencia. En el mismo deberían participar académicos
y científicos que cuenten con los conocimientos necesarios para aportar en la
toma de las decisiones más apropiadas, así como representantes elegidos por las
organizaciones más representativas de trabajadores, indígenas y gremios
profesionales pertenecientes a la sociedad civil.
13.
Rechazo al atropello a los Derechos Humanos por parte del Ejército y la Policía
a los ciudadanos que han sido capturados a consecuencia de la declaración de la
provincia del Guayas como zona de seguridad nacional.
14.
Exigir un ¡Basta de violencia contra las mujeres! Por una línea de comunicación
nacional directa de atención a las emergencias, exigir la apertura y salubridad
de refugios para las víctimas de la violencia intrafamiliar.
15.
Realizar un llamado a la solidaridad internacional de las naciones y los
trabajadores del mundo para realizar todos los esfuerzos económicos,
científicos y políticos a fin de enfrentar en conjunto la pandemia del
coronavirus y las demás enfermedades que afectan a las poblaciones más pobres
del planeta.
Hacemos
un llamado a toda la población y a las organizaciones, principalmente
identificadas con los intereses de la clase trabajadora y los sectores
populares, para unirnos en defensa de la vida y los derechos democráticos
conquistados con la lucha de varias generaciones. En este momento la prioridad
es la defensa de la salud pública gratuita y de calidad, como única forma de
enfrentar la grave pandemia del coronavirus que azota a la humanidad y a
nuestro país.
El
capitalismo ha mostrado hasta la saciedad que es un sistema fracasado que no
permite una vida digna para la gran mayoría de la humanidad y por eso la única
alternativa es luchar sin tregua por un nuevo orden social que garantice la
igualdad, la libertad y la fraternidad entre los seres humanos.
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