El régimen
encabezado por Lenín Moreno ha sorprendido en los dos primeros meses de gestión
por su aparente cambio de estilo respecto a Rafael Correa y el haber tomado
distancia en lo referente a ciertos temas políticos.
Por Miguel Merino
El llamado a un diálogo
nacional y varios golpes de efecto como suspender las sabatinas, el
ofrecimiento de entregarle en comodato a la CONAIE por 100 años el local que ha
venido utilizando, el indulto para siete perseguidos políticos, o la “cirugía
mayor contra la corrupción”, le han permitido ganar legitimidad y mejorar su
imagen, que se hallaba bastante alicaída luego de las cuestionadas elecciones
de mayo.
Pero el mundo de las apariencias no debe
distraernos de lo esencial, que es el modelo económico impuesto durante los 10 años
de correato y que se mantedrá similar con Moreno, quizá con ligeras variaciones
debido a la complicada situación económica que atraviesa el país. Es decir, lo
que se promueve desde el ejecutivo son cambios cosméticos que permitan la
supervivencia de un capitalismo dependiente con graves carencias estructurales,
garantizando la acumulación de capital y la rentabilidad de los diferentes
sectores de la burguesía.
Concesiones sociales y políticas
De manera hábil el gobierno ha realizado
concesiones en los aspectos político y social. Quizá lo más relevante en este
sentido ha sido reconocer la deuda de salud que el gobierno mantenía con el
IESS por más de 2.520 millones de dólares, desconocida de un plumazo en el
anterior período. Otro tema de interés es tratar de establecer una relación
menos tirante con las Fuerzas Armadas, con la decisión de no aplicar la ley que
crea una guardia civil armada para la protección de las autoridades. Se han
anunciado reformas en cuanto a las políticas universitarias, en temas que se
volvieron muy sensibles, como el examen de ubicación que dejó a miles de
bachilleres sin acceso a las universidades, o el excesivo gasto en
universidades creadas por el anterior gobierno, como Yachay.
Moreno ha mostrado mayor apertura a los
periodistas perseguidos o enjuiciados por Correa y afectados en su libertad de
expresión por la Ley de Comunicación; además se han producido relevos
significativos en la dirección de los medios de comunicación públicos. También
se han generado altas expectativas sobre ciertos proyectos sociales ofrecidos
en la campaña electoral como el plan “Vivienda para Todos”, o el Plan bautizado
“Toda una Vida” que crearía beneficios especiales para niños, jóvenes y
adultos mayores de menores recursos.
El modelo económico se mantiene
Pero, en lo referente a las estructuras
socioeconómicas se continuará con el modelo neodesarrollista (mejoramiento de
la infraestructura física con inversión pública y participación activa del
Estado) que permitió la modernización del capitalismo y benefició
principalmente a los grupos empresariales más grandes, tanto nacionales como
extranjeros, pero mantuvo incólumes las estructuras de la desigualdad y la
pobreza, la dependencia de las potencias extranjeras y la explotación de la
clase trabajadora. Inclusive, se profundizará el giro hacia políticas de corte
neoliberal que ya se hicieron presentes en los dos últimos años del régimen
correísta, tales como la entrega de recursos estratégicos a empresas
extranjeras (privatizaciones), la firma de tratados de libre comercio como el
acordado con Europa y medidas tendientes a la flexibilización laboral, es decir
seguir limitando los derechos de los trabajadores.
En tal sentido, se mantendrá y profundizará el
modelo extractivista basado en la explotación petrolera y minera cuyos
principales beneficiarias han sido las grandes empresas transnacionales y
nacionales que han recibido concesiones para la explotación o prestación de
servicios. Se continuará con la explotación del Yasuní, se realizarán nuevas
licitaciones para la explotación de los campos maduros. El campo Sacha, uno de
los más productivos, será entregado a la empresa extranjera que gane en la
licitación.
El Ecuador, según Eduardo Gudynas, es uno de
los tres países sudamericanos que se pueden catalogar como hiperextractivistas,
es decir economías donde las materias primas (o sea la venta de la naturaleza)
trepan al nivel del 90% del total de las exportaciones, y que además están
concentradas en un producto (el petróleo en nuestro caso). Los extractivismos
son apropiaciones de enormes volúmenes de recursos naturales destinados a la
exportación hacia mercados globales y no a satisfacer las necesidades internas
de la población (Eduardo Gudynas, “Postextractivismos en el Ecuador: indultar a
la naturaleza”)
Ya ni siquiera se plantea, aunque sea como
eslogan, el discurso del “cambio de la matriz productiva”. Al contrario se
insiste en la necesidad de explotar y exportar los recursos naturales para
cubrir el creciente gasto fiscal y para sostener la dolarización.
Moreno estrecha relaciones con los empresarios
Por otra parte, el discurso del nuevo gobierno
enfatiza la necesidad de apoyar e impulsar al sector privado como eje de la
economía, desvalorizando el rol de los trabajadores en la generación de la
riqueza, con la consiguiente minimización de sus derechos. Los sectores
empresariales han emprendido una ofensiva para exigir mayores beneficios para
su clase, como la disminución de impuestos, mayor flexibilización de las leyes
laborales y mejores condiciones para inversión privada interna y externa.
Inclusive se ha mencionado la “devaluación fiscal”, medida relacionada con la
Seguridad Social, donde los empleadores dejarían de aportar para el
seguro social de los trabajadores, la cual sería asumida por el Estado. Esta
medida agravaría la ya complicada situación del IESS debido a la abultada deuda
del gobierno y la decisión adoptada por la administración anterior de no
aportar con el 40% para su financiamiento.
La conclusión que se puede sacar de esta
tensión entre el cambio de estilo político y el continuismo del modelo
económico, es que atravesamos una transición hacia un nuevo tipo de gobierno,
pero manteniendo el régimen implementado en el período anterior. Del gobierno
bonapartista, autoritario y caudillista de Correa estamos transitando a un
gobierno de corte liberal burgués que pone énfasis en el diálogo y el consenso,
especialmente con los sectores empresariales y la derecha, anuncia mayores
libertades democráticas y el predominio del sector privado que asumiría el
papel de reemplazar al Estado como motor de la economía. Lenín Moreno ha optado
por ganar apoyos y realizar acuerdos por fuera de Alianza País, posición que ha
provocado la ira de Correa, acusándole de desleal, traidor y mediocre. No está
claro cuál será el desenlace de este culebrón, resultado de una década en que
todo el poder se concentró en un caudillo megalómano y autoritario.
¿La mesa servida?
El elemento determinante de la transición será
la situación económica del país, contexto en el cual se desarrolla la lucha de
clases en general y las disputas interburguesas de manera particular, las
mismas que se expresan en las discrepancias que han surgido al interior del
propio partido de gobierno. El nuevo mandatario se vio obligado a desmentir a
su antecesor Rafael Correa quien expresó que le dejaba la “mesa servida”. En
realidad, la herencia que deja el régimen correísta consiste en un alto endeudamiento
externo e interno, un abultado déficit fiscal y un estancamiento de la
economía productiva que se traduce en altos índices de desempleo y
especialmente de subempleo, lo que actualmente se denomina “empleo inadecuado”
que afecta a más del 60% de la PEA. (Según cifras del INEC en marzo del 2017
solamente el 38,5% de la PEA tenía un empleo adecuado pleno).
Los dos últimos años del mandato correísta
mostraron los límites y, en definitiva, el fracaso del modelo económico
aplicado. Factores externos como la caída en los precios del petróleo, la
apreciación del dólar y el terremoto del 16 de abril precipitaron la recesión
económica que llevó al gobierno a un creciente déficit de las finanzas públicas
que fue cubierto a través de un acelerado endeudamiento externo e interno.
En el 2016 los ingresos resultaron totalmente
insuficientes para cubrir los gastos del Estado. El déficit fiscal cerró al
finalizar dicho año en USD 6082 millones, equivalentes al 6,3% del PIB, según
las estadísticas del Ministerio de Finanzas. Ese monto sobrepasó en casi 2000
millones al déficit fiscal del 2015. Los ingresos totales del año pasado
cayeron en 5.323 millones, principalmente por una menor recaudación de
tributos, resultado a su vez de la contracción económica del país.
La respuesta del gobierno saliente ante una
crisis que se empeñaba en negar fue el endeudamiento tanto externo como
interno. A partir del 2009 se observa una tendencia creciente de la deuda
pública agregada respecto al PIB. Así, la deuda pública externa subió del 11,8%
del PIB en el 2009 al 26,7% del PIB en abril del 2017. La deuda pública interna
aumentó del 4,5% del PIB en el 2009 al 13,9% en abril del 2017. En abril del
2017 la deuda pública llegó a la cifra de 40.843 milones de dólares
equivalentes al 40,6% del PIB, según un estudio realizado por la Cámara de
Comercio de Guayaquil. Según dicha fuente el gasto del gobierno central en
servicio de la deuda (pago de la amortización mas los intereses) se ha
incrementado a un ritmo promedio del 30% anual desde el año 2011. El año pasado
ascendió a 8.134 millones, de manera que el pago de la deuda externa superó al
gasto en salud y educación.
Sin embargo, el monto de la deuda pública
oficial es inferior al endeudamiento real, ya que no toma en cuenta otras
formas de endeudamiento como como las preventas petroleras, los créditos
de liquidez otorgados al gobierno por el Banco Central o la deuda al IESS. Si
consideramos esos rubros, la deuda asciende a la impresionante cantidad de
59.230 millones de dólares, según un estudio realizado por Alberto Acosta y
Jhon Cajas (ver “La deuda externa contrataca”, en Línea de Fuego, 25 de
julio/2017).
Durante el presente año los ingresos por deuda
se duplicaron. En el primer semestre del 2017 el Fisco recurrió a un
fuerte endeudamiento para cubrir sus gastos. La cifra de financiamiento
público fue de USD 8.896 millones en el primer semestre, el doble frente a
igual lapso en el 2016, según el Ministerio de Finanzas. Emisiones de bonos
soberanos y deuda interna han sido las principales herramientas para acceder a
la liquidez. Pero el fuerte endeudamiento no ha sido suficiente para cubrir
todos los gastos fiscales. El déficit fiscal llegó en junio de este año a USD
2021 millones, siete veces más que en el mismo periodo del año pasado y 16 veces
más que igual lapso del 2015 (El Comercio, 20 de julio del 2017). La mesa que
deja Correa está servida con déficit y endeudamiento. Tarde o temprano el nuevo
gobierno tendrá que tomar medidas de ajuste para enfrentar esta complicada
situación.
La corrupción se ha evidenciado en las más altas esferas
La corrupción es un mal fuertemente enraizado
en todos los países capitalistas, ya que el capitalismo es un sistema que se
rige por la ley de la ganancia y la acumulación. El éxito se mide por quien
tiene más y el individualismo se impone sobre la solidaridad. En el Ecuador
observamos una escabrosa novela por capítulos, donde cada día aparece una nueva
evidencia de la corrupción que afecta a las más altas esferas públicas y
privadas. Las denuncias que han destapado esta infección maloliente provienen
de fuentes externas, en concreto del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos y no de los organismos de control interno, a saber la Fiscalía y la
Contraloría, como cabría esperase.
El régimen correísta logró ganar tiempo para
que la lista de implicados en casos de corrupción como los de
Petroecuador y Odebrecht no salieran a flote durante la campaña electoral. Aún
así, es evidente que altos exfuncionarios de gobierno se hallan enlodados en
acciones ilícitas como el ex-ministro Pareja Yanucelli, el ex-contralor Carlos
Pólit, el ex-presidente de Petroecuador Marco Calvopiña, los ex-ministros
Alexei Mosquera, Rafael Poveda y una amplia lista de funcionarios
públicos.
También empresarios privados son parte de este
entramado de deshonestidad, tales como Ricardo Rivera, el tío del
Vicepresidente Jorge Glas. La última denuncia realizada por la Comisión
Nacional Anticorrupción, conformada por elementos probos de la sociedad civil
que han sido enjuiciados por miembros del oficialismo como Carlos Pólit, apunta
al actual vicepresidente Jorge Glas y al actual legislador Esteban Albornoz de
AP, por haber recibido presuntos sobornos de la empresa Caminosca. Las
evidencias y datos que han salido a la luz pública implican cada vez más al
Vicepresidente de la República. La pregunta que el pueblo ecuatoriano se hace
es hasta qué punto el Presidente Moreno está dispuesto a realizar la “cirugía
mayor contra la corrupción”, según anunció en días pasados. Por el momento la
mayoría oficialista de la Asamblea logró impedir el juicio político planteado
por la oposición contra Jorge Glas.
Es necesario luchar para cambiar el régimen y el sistema capitalista
Es necesario preguntarse además, hasta qué
punto las muestras de diferenciación y el nuevo estilo de conducción del nuevo
huésped de Carondelet, que han provocado fuertes contradicciones al interior
del movimiento Alianza País, abren la posibilidad de un cambio más profundo al
interior del régimen gobernante. Esto implicaría voluntad política del nuevo
gobierno para realizar reformas constitucionales de fondo, como la eliminación
de de la Función de Transparecia y Control Social, llamado quinto poder, o
cambiar leyes tales como el Código Integral Penal, la Ley de Comunicación, las
leyes laborales y las leyes relacionadas con el agro, como las leyes de Tierra,
de Aguas, la nueva Ley de Salud y Seguridad Social, entre otras. Impulsar estos
cambios desde la perspectiva de los trabajadores y los sectores populares
supone un cambio en la correlación de fuerzas, es decir un proceso de
movilización y lucha que al momento se avisora muy difícil, debido a la
dispersión del movimiento popular, la división de las organizaciones sociales y
la debilidad de la izquierda.
Es fundamental, por lo tanto, generar un
espacio de unidad y de movilización de las organizaciones de trabajadores, los
movimiento sociales y los grupos de izquierda que se identifican con un
programa de cambios estructurales y no con pequeñas concesiones del gobierno de
turno. Eso implica mantener la independencia de clase frente al nuevo régimen
de Lenín Moreno y no pasarse, por supuesto, a las filas de la derecha con el
pretexto de hacer oposición. Tampoco caer en las redes de un supuesto “diálogo”
que es una estrategia hábil para ganar tiempo, antes de imponer las medidas de
ajuste que tarde o temprano tendrán que adoptarse para enfrentar la grave
situación económica y social en que el régimen de Correa ha dejado sumido al
país.
El llamado a un diálogo nacional y varios golpes de efecto como suspender las sabatinas, el ofrecimiento de entregarle en comodato a la CONAIE por 100 años el local que ha venido utilizando, el indulto para siete perseguidos políticos, o la “cirugía mayor contra la corrupción”, le han permitido ganar legitimidad y mejorar su imagen, que se hallaba bastante alicaída luego de las cuestionadas elecciones de mayo.
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