Por: MAS-Ecuador, junio 2017
En la década regida por Rafael Correa el
capitalismo ecuatoriano experimentó una modernización. Se han construido varias
represas hidroeléctricas y la red vial ha mejorado en función de las demandas
del capital internacional, se han asignado mayores recursos para la educación y
la salud, fomentando en el primer caso el continuismo pedagógico y la
elitización, mientras que en el segundo la privatización [1]. En general la infraestructura
se ha incrementado, lo cual influyó en el crecimiento económico y de los
negocios, en especial de los grandes grupos empresariales, El Juri, Consorcio
Nobis, Hidalgo & Hidalgo, Pronaca, La Favorita, El Rosado entre otros [2].
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| Fuente fotográfica: http://bit.ly/2tbYBdl |
Sin embargo, subsisten problemas estructurales
como el desempleo y sobretodo el subempleo y el empleo informal [3], la
desigualdad social, la pobreza concentrada sobre todo en las áreas rurales, el
bajo nivel de industrialización y la consiguiente dependencia económica y
tecnológica, la migración hacia las ciudades y a otros países, la falta de
vivienda y servicios básicos en las barriadas populares, el congelamiento de
los salarios, el deterioro ambiental, la inseguridad e impunidad ante la
justicia, la entrega de los recursos estratégicos del país a empresas
transnacionales, entre otros problemas que sería largo enumerar.
Se debe precisar que el crecimiento anotado
ocurrió en los primeros siete años de administración correísta (del 2007 al
2014), gracias especialmente a los altos precios de petróleo y otros
commodities, lo que le permitió al gobierno contar con enormes recursos nunca
antes conocidos en la historia del país, estimados en alrededor de 400 mil
millones de dólares. Sin embargo, desde el 2015 la situación cambió
radicalmente y comenzaron los problemas de la recesión económica por la caída
en los precios de los hidrocarburos, la apreciación del dólar, el pago de la
deuda externa y el déficit fiscal, lo cual repercutió en crecientes
dificultades presupuestarias del Estado y sus limitaciones para cumplir con los
compromisos adquiridos. La principal política adoptada por el gobierno ante la
crisis fue el endeudamiento tanto externo como interno. La deuda se incrementó
desde algo más de $17.000 millones en el 2007 a casi 40.000 millones en el 2017,
según cifras oficiales, pero que no toman en cuenta las acreencias con otras
instituciones públicas y los contratos llamados de facilidad petrolera, por lo
cual las cifras reales son muy superiores.
De esta manera al nuevo gobierno de Lenín
Moreno surge débil, no sólo en el plano económico y político, sino también en
el aspecto ético y moral, por los graves casos y denuncias de corrupción que
han explotado en los últimos meses. Tal situación se reflejó en las elecciones
de abril, donde Moreno venció en segunda vuelta con un estrecho margen a
Guillermo Lasso, en un ambiente tenso y enrarecido por las denuncias de fraude
electoral.
En este contexto, e impedido por el momento
para adoptar medidas de ajuste, se entiende el tono conciliador del nuevo
mandatario que ha propuesto un “diálogo nacional” con todos los sectores
sociales y políticos, buscando distanciarse de la imagen bonapartista de su
predecesor y realizar una gestión menos confrontativa. Pero la práctica deja muchas
dudas, pues se aprecia que casi la mitad de los nuevos ministros y funcionarios
de alto rango ocuparon altos cargos en el régimen anterior, lo cual marca una
línea de continuidad con las políticas del correísmo.
Por otro lado, se ha producido un giro de
apertura hacia los sectores empresariales más tradicionales, tendencia que se
expresa en la composición del frente económico del nuevo gabinete ministerial.
Así, la nueva Ministra de Industrias, Eva García, se ha desempeñado como
directora de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el Ministro de Hidrocarburos,
Carlos Pérez, trabajó varios años para la empresa norteamericana Haliburton, el
ministro de Comercio Pablo Campana, es presidente de la Promotora Millenium y
yerno de Isabel Noboa, principal del grupo Nobis; el Ministro de Turismo es
Enrique Ponce de León, director de Hoteles Decameron. Guillermo León, el nuevo
Ministro de Telecomunicaciones, ha laborado en Maxus, IBM y otras empresas
transnacionales. Xavier Córdova, quien continúa como Ministro de Minería, tiene
vinculaciones con dicho sector. En este mismo sentido Moreno ha anunciado la
creación de un Consejo Consultivo Productivo y Tributario vía decreto.
Más allá del discurso y la imagen de izquierda
que el gobierno se atribuye y ha impregnado el imaginario colectivo, gracias a
la reiterativa publicidad oficialista, la esencia continúa igual: Lenín Moreno
significa la continuidad de un régimen burgués funcional al sistema
capitalista. Se habla de izquierda, se predica la revolución y la preeminencia
del trabajo sobre el capital, pero lo que caracterizó el mandato de Correa y lo
seguirá haciendo Moreno, es administrar los negocios de la burguesía,
garantizar las ganancias de los 2 banqueros y los empresarios, mantener la
explotación de la clase trabajadora y reprimir la protesta social, matizados
por un discurso conciliador y engañoso.
¿Cómo enfrentará el nuevo gobierno la crisis
económica?
Las primeras declaraciones de Moreno al asumir
su cargo, respecto al tema económico, fueron en el sentido de sostener la
dolarización y garantizar que no circulará una moneda diferente al dólar. ¿Pero
cómo enfrentará la situación de recesión productiva, el déficit fiscal y las
ofertas de campaña tales como generar 250 mil nuevos empleos por año, construir
325 mil nuevas viviendas para los que carecen de ella, aumentar el bono para
los más pobres, crear 40 nuevas universidades técnicas, mantener los subsidios
al gas y la gasolina y varias docenas de ofertas más que se vio obligado a
realizar con la finalidad de ganar las elecciones?
El gobierno ha identificado varias fuentes de
financiamiento que básicamente constituyen mayor endeudamiento externo e
interno. La primera es la contratación de nueva deuda externa a través de la
emisión de los llamados “bonos soberanos”. El 31 de mayo Ecuador emitió bonos
soberanos por 2 mil millones de dólares que se suman a los mil millones
emitidos en enero pasado por la administración anterior, es decir 3 mil
millones de endeudamiento en el primer semestre del presente año. La segunda es
obtener crédito del Banco Central que ya ha transferido al Ministerio de
Finanzas 1 500 millones en lo que va del año. La tercera es obtener nuevos
préstamos de la China que se ha convertido en el principal acreedor del país,
cuyo monto ascendía a 8 038 millones en marzo del 2017, representando más del
30% de la deuda externa. La cuarta es solicitar crédito a los organismos
multilaterales como el CAF-Banco de Desarrollo. En el 2016 el saldo total que
se adeudaba a estos organismos fue de USD 8247 millones, según Finanzas. Es muy
probable que el actual gobierno recurra al tan criticado FMI que ya el año
pasado otorgó un préstamo rápido para afrontar problemas de la balanza de
pagos. También las preventas petroleras constituyen otra fuente importante de
financiamiento. Las últimas operaciones se realizaron en diciembre del año
pasado. Gracias a ello el fisco recibió USD 900 millones por dos contratos de
venta de crudo y fuel oil, aunque este tipo de transacciones no son catalogadas
como endeudamiento por parte del gobierno. Por último está el recurso del BIESS
que puede invertir hasta USD 894 millones en papeles del Ministerio de Finanzas
durante este año.
En conclusión, el gobierno actual continuará
por el mismo camino que dejó trazado el anterior, es decir de subordinación a
las políticas impuestas por los países imperialistas, entrega de los recursos
estratégicos como el petróleo, las telecomunicaciones, la energía, la minería a
las empresas transnacionales y endeudamiento que nos somete al yugo del capital
financiero internacional. Moreno ha dejado en claro que habrá un giro en el
modelo económico, donde el sector privado tendrá un papel más activo y
preponderante en esta nueva etapa y el Estado irá perdiendo importancia en la
gestión económica y la inversión pública seguirá disminuyendo, perfilando de
esta forma, una política de austeridad y ajuste. Al parecer, el nuevo
mandatario trata de ganar tiempo para no aplicar las medidas de ajuste en lo
inmediato, buscando descargar ciertas responsabilidades como la decisión sobre
el precio de los pasajes del transporte público, a las entidades municipales.
Entre las medidas que ya estaban previstas con
anterioridad están la disminución del IVA al del 14% al 12% y la eliminación de
las salvaguardias para miles de artículos importados lo cual beneficia
principalmente al sector empresarial, pero complica la situación de los
ingresos del sector público.
Se viene un ambiente de conflictividad
Pese a las intenciones del nuevo régimen para
generar un ambiente de conciliación y diálogo, las contradicciones se irán
profundizando, situaciones conflictivas heredadas del correísmo, como la ley
orientada al control de las redes sociales o la normativa ministerial según la
cual el Estado no tendrá la obligación de pagar la compensación jubilar
prevista en la ley para los funcionarios públicos que se acojan a la renuncia
voluntaria, conculcando derechos que están establecidos en una norma anterior.
Tal situación afectaría a 35.000 funcionarios, principalmente maestros, que no
han recibido este beneficio.
Otro tema que genera malestar, especialmente en
el sector campesino, es la nueva ley de semillas. El 1 de junio la Asamblea
decidió allanarse al veto del ex-Presidente Correa que permite el ingreso de
semillas y cultivos transgénicos con fines de investigación. Esta disposición
es inconstitucional por cuanto atenta contra el artículo 401 de la Constitución
que declara al país “libre de semillas y 3 cultivos transgénicos”, pero lo más
grave son las consecuencias negativas para el mantenimiento de la
biodiversidad, la sobrevivencia de las economías campesinas y la soberanía
alimentaria, asunto vital para el conjunto de la población.
En el ámbito laboral el nuevo Ministro de
Trabajo busca frenar la precarización laboral, propiciando el despido de los
trabajadores extranjeros. Se ha manifestado por “una moratoria para dar tiempo
suficiente para ir cambiando los empleados extranjeros que están en la
irregularidad y la informalidad por empleados jóvenes ecuatorianos, debidamente
afiliados.” Entre otras perlas ha manifestado “No es necesario volver a la
contratación a plazo fijo” [4]
Amnistía frente a la criminalización de la
lucha social
En el campo político está latente el tema de la
criminalización de la lucha social. “En estos últimos cinco años, alrededor de
282 personas han sido sometidas a procedimientos penales por hechos
relacionados directamente con la defensa de los derechos humanos y de la
naturaleza. Sobre esta base, ha existido un considerable número de sentencias
condenatorias con penas que van desde los seis meses hasta los 12 años de
prisión por delitos como ataque o resistencia; paralización de servicio
público; incitación a discordia entre ciudadanos, entre otros. Hoy en día, al
menos 136 personas mantienen procesos penales abiertos por acciones de
resistencia y de protesta que ciudadanos y ciudadanas han llevado adelante en
defensa de la naturaleza” (Burbano, Véjar y Pasquel, INREDH). Frente a ésta
grave situación de represión, la CONAIE y varias organizaciones sociales han
emprendido una campaña y una movilización exigiendo a la Asamblea Nacional la
amnistía para 177 personas y el indulto para 20 sentenciados. La amnistía y el
indulto son figuras reconocidas en la Constitución y en el Código Orgánico Integral
Penal.
Corrupción en las más altas esferas
En los últimos días el tema que más ha sacudido
a la opinión pública es el de la corrupción, especialmente por el caso de la
empresa brasileña Odebrecht. Aunque este tema fue denunciado hace algunos meses
a nivel continental, el gobierno, con la complicidad de funcionarios como el
ex-Fiscal General Chiriboga, logró ganar tiempo para que no se revelara la
lista de los involucrados durante la campaña electoral.
Una vez posesionado el nuevo mandatario ha comenzado
a destaparse la putrefacción que se mantenía oculta. A través de cuatro
empresas se camuflaron más de 33 millones de dólares que Odebrecht habría
pagado por coimas a empresarios y a funcionarios públicos para beneficiarse de
contratos que ascienden a sumas millonarias. Los agentes de policía han
detenido a ocho sospechosos y el Presidente Moreno anunció que hay más
involucrados por este hecho. Entre los implicados está nada menos que el
Contralor General del Estado Carlos Pólit, y un tío del Vicepresidente Jorge
Glas. Este escándalo se suma a hechos anteriores como como las irregularidades
en Petroecuador, donde también están involucrados altos funcionarios del
gobierno anterior como el ex- Ministro Carlos Pareja Yanucelli que se halla a
buen recaudo fuera del país, como casi siempre ocurre con los pillos
enquistados en las cúpulas del poder.
La comisión anticorrupción, formada por
miembros destacados de la sociedad civil y las organizaciones sociales
independientes del oficialismo, ha sido enjuiciada por varios funcionarios
públicos, entre ellos Carlos Pólit, por haber denunciado varios casos con
presunciones fundamentadas de corrupción. Sus denuncias no han sido tomadas en
cuenta por las entidades llamadas a investigarlas.
De forma hábil y tramposa el Presidente Moreno
anunció que combatirá sin tregua este mal enquistado en las más altas esferas
de la administración pública y con este propósito conformó el “Frente de
Transparencia y Lucha contra la Corrupción”. De las trece personas propuestas para
integrarlo, nueve aceptaron y cuatro se excusaron. Entre los que aceptaron se
incluyen tres ministros de Estado y de los seis representantes de la sociedad
civil, varios de ellos han estado vinculados al oficialismo, de manera que hay
una mayoría cercana al gobierno, por lo cual no se puede esperar una posición
de independencia en dicha entidad, menos aún que se judicialice a los
verdaderos culpables. Este hecho nos permite confirmar, una vez más, el
carácter de los gobiernos capitalistas y la corrupción asociada a su funcionamiento;
a propósito, un hecho simbólico es el retorno de Abdala Bucaram, ex mandatario
prófugo de la justicia.
Retomar la unidad y la movilización
Aunque no se puede desestimar de plano el
llamado al diálogo del régimen de Moreno sobre la necesidad del diálogo,
creemos que lo fundamental en este momento es priorizar la movilización como
método central de lucha, tal como lo han hecho nuestros hermanos colombianos
pobladores del Chocó y Buenaventura, y los trabajadores de Brasil, Argentina,
Paraguay y Venezuela. Para ello es necesario unir nuevamente las fuerzas
sociales y de izquierda para retomar la movilización independiente en base a
una plataforma de lucha, cuyo punto de partida debe ser el restablecimiento de
condiciones democráticas mínimas.
En primer lugar es nece exigir que se conceda la amnistía y el indulto a todos los luchadores sociales que han sido encarcelados y enjuiciados por el régsarioimen de Alianza País. Al momento la CONAIE
ha presentado ante la Asamblea y el ejecutivo más de 200 casos debidamente
fundamentados, pero la experiencia histórica nos muestra que la única manera de
alcanzar este tipo de reivindicaciones es mediante la movilización en las
calles y la generación de una opinión pública nacional e internacional que se
pronuncie por la causa de los perseguidos y enjuiciados políticos.
También exigimos investigación independiente y
esclarecimiento de los casos de corrupción, prisión de los corruptos y
corruptores, confiscación de sus bienes y expulsión de todas las empresas
involucradas en corrupción.
Un tercer tema fundamental es la supresión de
los decretos represivos 016, 739, 813, 1701, 225, 703, Acuerdo ministerial 094 y
demás acuerdos que coartan el derecho a la organización de los trabajadores y
las organizaciones sociales. Por un nuevo Código de Trabajo, con la
participación de las bases sindicales que recupere los derechos arrebatados por
el correísmo.
También es prioritario reformar la Ley de
Comunicación para garantizar el derecho a la libre expresión, así como exigir
cambios de fondo en el sistema educativo y universitario para garantizar el
libre ingreso a las universidades y otros principios conculcados como el
cogobierno, la autonomía y la vinculación con la sociedad.
Además es necesario luchar por el alza general
de sueldos y salarios de los trabajadores públicos y privados, el respeto a los
derechos de organización y contratación colectiva, la restitución del 40% del
aporte estatal para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a fin
de garantizar el pago de las pensiones jubilares y la atención a la salud de
los afiliados cada vez más deteriorada. En el tema agrario campesino, relegado
durante la década correísta, es fundamental impulsar una Reforma Agraria
integral que priorice la producción y las demandas de los pequeños y medianos
campesinos y no a los grandes empresarios agroindustriales como ha ocurrido en
los últimos años.
Debemos retomar nuevamente la movilización de
la clase trabajadora del campo y la ciudad y de los movimientos sociales en las
calles, para lo cual es imprescindible la unidad de acción entre todos los
grupos de izquierda y principalmente las organizaciones sociales que han
logrado subsistir al vendaval oportunista del correísmo.
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