El terremoto del 16 de abril puso al descubierto la falta de previsión y preparación de la sociedad , pero sobretodo del Estado, frente a los desastres naturales que la ciencia y la historia nos dicen que han ocurrido y van a seguir ocurriendo.
Por: Miguel Merino Serrano
En el aspecto coyuntural el desastre se presenta en un contexto de crisis económica que se expresa en hechos como el casi nulo crecimiento del PIB, la caída de los precios del petróleo y las exportaciones, el déficit fiscal cercano a los 10 mil millones de dólares, el acelerado nivel de endeudamiento externo e interno, la ola de despidos tanto en el sector privado como en el público, la falta de liquidez por la disminución de depósitos en el sistema bancario, etc.
En el tema estructural, no se han realizado las transformaciones ofrecidas en las campañas electorales de la “Revolución Ciudadana”, tales como el cambio de la matriz productiva, la defensa de la soberanía nacional frente a las transnacionales y las potencias imperialistas, una revolución agraria que garantice la soberanía alimentaria, la superación de la extrema pobreza, la disminución significativa de la desigualdad social, el predominio del trabajo sobre el capital, la democracia participativa, iguales oportunidades para el acceso a la educación y la salud, el desarrollo científico tecnológico, entre otras.
El sismo de abril ha sacado a
flote las enormes carencias de un país desigual y atrasado. Por ejemplo: en los
10 cantones más afectados por el terremoto de Esmeraldas y Manabí, el 74,4% de
la población no dispone de los servicios básicos y el 42,3% vive bajo la linea
de la pobreza por consumo.
Es decir, el modelo desarrollista
y modernizante impulsado por el correísmo ha tenido un rotundo fracaso, pese a
haber contado con los recursos financieros más alto en la historia del país.
Políticas de Correa frente a la crisis
Frente a la grave crisis humanitaria desatada por el terremoto, el gobierno de Correa ha aprovechado la situación para imponer una serie de leyes y medidas económicas que tendrán un fuerte impacto sobre la economía nacional y popular. Ente ellas podemos mencionar las siguientes:
- La llamada “Ley de
Solidaridad”, cuyo aspecto medular es la elevación del el IVA del 12 al 14%,
con la cual se busca obtener unos 750 millones de dólares. Este impuesto es
regresivo porque proporcionalmente pagan más los que menos tienen. Afecta más a
la población de menores recursos que debe destinar una mayor cantidad de sus
ingresos para adquirir productos como comida en restaurantes, compra de ropa,
de electrodomésticos, telefonía celular, asistencia a eventos culturales y un
sinnúmero más. No debemos olvidar también que muchos productos que no pagan
IVA, emplean en su producción insumos que sí pagan este impuesto. Los otros
puntos que contempla dicha ley, como el aporte de un día de salario para los
sueldos de más de 1000 dólares, el
impuesto a quienes poseen un patrimonio mayor al millón de dólares y el impuesto del 3% a las utilidades,
representan solamente unos 250 millones de dólares para el fisco.
- La “Ley Orgánica de Equilibrio
de las Finanzas Públicas”, aprobada poco antes que la anterior. La misma
incrementó los impuestos a las gaseosas, cigarrillos y cervezas y otros. Más
allá del pretexto utilizado por el gobierno argumentando que el objetivo de
dicha Ley es cuidar la salud de los ecuatorianos, su objetivo es recaudatorio y
afecta sobretodo a los dueños de pequeñas tiendas y negocios.
- La firma del Acuerdo Comercial
con Europa, en la práctica un TLC, entra a la recta final con el nombramiento
de Carlos Casinelli, representante de los grandes empresarios, como nuevo
Ministro de Comercio Exterior. Este acuerdo tendrá graves consecuencias para la
economía de los pequeños productores, especialmente agrícolas y ganaderos, que
no podrán competir con los productos importados de grandes transnacionales
europeas, en tanto favorece a los grandes exportadores.
- El retorno al redil del FMI
para obtener nuevos créditos que están condicionados a la aplicación de medidas
de austeridad económica y elevación de impuestos y tarifas a los servicios
básicos, aunque el gobierno lo niegue. Para muestra un ejemplo: ya está en
marcha la subida del transporte.
- Se halla en trámite por parte
de la Asamblea Nacional la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del
Suelo, con dos objetivos fundamentales: recaudar más tributos y ejercer control
sobre los gobiernos locales (GADs) a
través de la creación de una nueva Superintendencia que regulará a los
municipios, lo cual contradice las normas constitucionales.
- El anuncio de la venta de
varios bienes y activos del Estado como la Hidroeléctrica Sopladora que es la
tercera más grande del país, la CNT, empresa estratégica de las comunicaciones
que más bien debió ser fortalecida, el Banco del Pacífico, La Flota Petrolera
Ecuatoriana (FLOPEC), la empresa aérea TAME, dos canales de TV, entre otros. Es
decir, se aceleran los procesos de privatización, accediendo a las presiones de
los grupos de poder económico. “El terremoto ha constituido la ocasión propicia
para el asalto a los bienes del Estado”, como lo señala el analista Jaime Muñoz
Mantilla en su artículo “La doctrina del shok aterriza en el Ecuador” (Línea de
Fuego, edición No 18, 11 de mayo 2016).
El cáncer de la corrupción
Además, siguen saliendo a la luz
hechos que ponen de manifiesto la grave corrupción que aqueja a las más altas
esferas del Estado. El último escándalo, a propósito de los “Panama Papers”,
evidencia que los grupos económicos más poderosos del país han constituido
empresas off shore en Panamá y otros paraísos fiscales, muchas veces para
eludir impuestos e inclusive para lavar dinero ilícito. En este affaire aparece involucrado el
ex-Gerente de Petroecuador, Álex Bravo, que fue destituído por el Presidente Correa.
Pero el tema va mucho más allá. Según la denuncia de Fernando Villavicencio,
Álex Bravo, junto a personajes como el ex-Ministro Pareja Yannucelli, forman
parte del grupo Azul que a través de la
cobertura con la empresa australiana WPI, han manejado proyectos como la
rehabilitación de la Refinería Estatal de Esmeraldas, donde se han realizado
más de 200 contratos a dedo por un enorme monto que estaría entre los 1500 y
2000 millones de dólares. Los resultados de una rehabilitación tan costosa son
cuestionables, pues continuamos importando la mayor cantidad de los
combustibles.
Una real alternativa
En definitiva, frente a la
crítica situación socioeconómica que vive el país, agravada por los desastres
naturales, el régimen de Alianza País sigue descargando la crisis sobre las
espaldas de la población más pobre y aprovecha el estado de shok colectivo
provocado por los desastres naturales para obtener recursos financieros y
mantenerse en el poder. Una alternativa popular ante la crisis debía ser
justamente la contraria: que sean los ricos los que más contribuyan para
enfrentar la recesión y la reconstrucción de las zonas afectadas por el
terremoto.
Necesidad de la unidad para
continuar la lucha
Hoy más que nunca es necesario
impulsar y fortalecer el proceso de unidad de las fuerzas populares y las
organizaciones sociales que se han movilizado en las calles en los últimos años
por sus derechos fundamentales y continuar en la búsqueda de una alternativa
económica, social, política y cultural para enfrentar al modelo capitalista
decadente y depredador que se halla en crisis a nivel mundial.
De allí la necesidad de enfrentar el próximo proceso electoral con un programa clasista y popular que recoja las necesidades más sentidas por los trabajadores y las clases oprimidas. También es necesario que la participación electoral sea con candidatos propios de la clase trabajadora, consecuentes con dicho programa y que garanticen la independencia de clase. No podemos volver a repetir los errores históricos de la “izquierda” que hipotecó sus luchas y su fuerza movilizadora en beneficio de candidatos al servicio de la burguesía como en los casos de Lucio Gutiérrez o del propio Rafael Correa, los cuales una vez en el poder actuaron para mantener el sistema de explotación capitalista, favorecer los intereses de los grupos de poder y neutralizar la lucha social.
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