¿Luego de 10 años de régimen correista los ecuatorianos nos
preguntamos: ¿ha sido una década ganada o perdida?
Por: MAS Ecuador
Radiografía de la crisis
En el momento actual, la gran
mayoría de la población piensa y siente que atravesamos por una difícil crisis
económica. Pero es necesario caracterizarla, ¿de qué tipo de crisis se trata?
Las posiciones van desde la del gobierno que niega la existencia de una crisis
hasta los que consideran que estamos al borde de la debacle. Es necesario hacer
un análisis objetivo de la situación, para lo cual es importante partir de
ciertos datos y de algunos hechos.
- Tasa de crecimiento. Según el
gobierno, la tasa de crecimiento del PIB en el 2016 será de 0,4%, inferior a la
tasa de crecimiento de la población que es del 1,6%. Según las previsiones del
FMI el Ecuador decrecerá en -4,5% y según el Banco Mundial en -2%. El Banco
Central ha reconocido que en el primer semestre del 2006 hay un decrecimiento
del -3%.
- Desempleo y empleo inadecuado.
Según cifras del INEC en marzo del presente año el desempleo abierto fue del
5,7%, mientras en el 2015 era de 3,8%. El empleo adecuado o pleno incluía al
40% de la PEA, de lo cual se deduce que el 60% de los ecuatorianos en edad de
trabajar está desempleada o no cuenta con un trabajo adecuado.
- Si bien la pobreza y la desigualdad han disminuido en los
últimos años, tal situación ha comenzado a revertirse desde el 2014 y la
tendencia es al retroceso en el 2015 y el 2016.
- Déficit del sector público no
financiero: “-5.314 en el 2014 y -5.091 en el 2015. Para el 2016 las
autoridades previeron un déficit de 2.042 millones y necesidad de
financiamiento por 6.600 millones, pero ya en enero tuvieron que hacer más
recortes...Aún con los recortes, el déficit aumentó a 4.022 millones y los
requerimientos de financiamiento subieron a
a 8.800 millones, monto difícil de cubrir en condiciones de crisis
económica (Rev. Gestión 265, Julio – Agosto 2016).
- Deuda pública: alcanza en la
actualidad los 34.292.4 millones de dólares según la información del Ministerio
de Finanzas, lo cual significa el 33,5% del PIB. La gran mayoría de analistas
concuerdan que la información es incompleta ya que no toma en cuenta ítems como
las preventas petroleras a la China, las deudas a corto plazo y una serie de
deudas internas a organismos como el IESS, el ISSFA, los GADS, entre otros. Si
tomamos en cuenta estos rubros, se estima que la deuda real es de unos 41.000
millones de dólares, es decir el 45% del PIB, lo cual atenta contra la norma
constitucional que prohibe el endeudamiento más allá del 40% del PIB.
- Atrasos del Estado con los
proveedores de servicios y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD):
2.000 millones de dólares (2% del PIB) según el Ministro Coordinador de la
Política Económica, Patricio Rivera (El Comercio, 22 de julio del 2016).
- Balanza Comercial: aunque en el
primer semestre del 2016 se registra un leve superávit positivo de 404
millones, esta situación obedece no a un crecimiento de las exportaciones sino
a una notoria caída de las importaciones. De hecho, los dos rubros han
disminuido en los últimos años: las
exportaciones cayeron de un pico 11.131 millones en el 2014 a 6.416 millones en
el 2016 (período enero – mayo) y las importaciones de 10.784 en el 2013 a 6.011
en el 2016. El bajón se ha producido por factores como las salvaguardias y la
reducción de la demanda (Ibid).
Si a estos índices fundamentales
agregamos otros como la caída de los depósitos bancarios (en el 2015 los depósitos disminuyeron en 12,9% lo que a
su vez llevó a una reducción de los créditos en -4,5%), o la disminución en la
recaudación de impuestos (en los 5 primeros meses del 2016 la recaudación de
impuestos fue un 16% menor que en igual periodo del 2015), es innegable que la
economía ecuatoriana atraviesa una recesión o decrecimiento que afecta a la
mayor parte de sectores económicos y sobretodo a los pequeños negocios del
país.
Pero la crisis se manifiesta no
solamente en el plano económico, sino en lo social, lo político, lo ético, lo
ambiental, lo cultural. El desempleo y la informalidad, la crisis de la
seguridad social, los altos índices de violencia y delincuencia, el tráfico de
drogas y su incidencia en la juventud, el autoritarismo del régimen, la
deslegitimación de los partidos políticos, la corrupción a todo nivel, la
contaminación del agua, la tierra, el aire, la pérdida de identidad, la anomia
social, el individualismo, son algunos de los problemas característicos de la
etapa actual no sólo en el Ecuador, sino en la sociedad capitalista
globalizada, atravesada por una profunda crisis civilizatoria.
Causas de la crisis y modelo
económico
Los factores causales de la
crisis económica del país son tanto externos como internos. Entre los primeros
es indudable que la caída en los precios del petróleo y otros commodities
(productos primarios de exportación), así como la apreciación del dólar que
hace menos competitivas a las exportaciones ecuatorianas, han afectado
fuertemente a la economía ecuatoriana. Pero no se debe dejar de lado que tales
aspectos pueden tener diverso rumbo e incidencia, según las políticas aplicadas
internamente que, en última instancia, dependen del modelo económico adoptado.
La bonanza de la década pasada,
sustentada en los altos precios del petróleo, tuvo como eje la inversión del
sector público que se convirtió en el motor de la economía. El Estado impulsó
una serie de proyectos de inversión en infraestructura vial, hidroeléctrica,
petrolera, educativa, etc. que han sido magnificados a través de un enorme
despliegue publicitario del gobierno de la “revolución ciudadana”. Sin embargo,
es un modelo orientado a la modernización del capitalismo, pero sin cambios
estructurales, es decir, se mantuvo intacto el modelo primario
exportador-extractivista que nos vuelve dependientes de las potencias
capitalistas internacionales y que ha profundizado la desigualdad entre las
clases sociales. La burguesía y sus grupos monopólicos fueron los grandes
beneficiarios del boom, en tanto que la clase trabajadora y los sectores más
pobres de la población alcanzaron leves y pasajeras mejoras, que tienden a
desaparecer con la crisis. Se planteó disminuir la pobreza y la desigualdad
pero sólo por el lado de los ingresos, sin afectar la propiedad privada y la
concentración de la riqueza inherentes al capitalismo. Se hizo “más de lo
mismo”, como lo reconoció el propio jefe del Estado en alguna ocasión, pero
temas claves como el “cambio de la matriz productiva” o “la revolución agraria”
quedaron solamente para los discursos y la propaganda oficial.
Más aún, en toda esta
parafernalia desarrollista y consumista lo que ha primado es la improvisación,
el despilfarro y comienza a destaparse la corrupción. “Entre 2007 y 2014, el
gobierno de Alianza País recibió 219.345 millones de dólares y el gasto fue de
231.443 millones, con un déficit acumulado de 12.098 millones de dólares. El
problema empieza en el tipo de gasto: los gastos corrientes ascienden 156.903
millones de dólares (68%) y los gastos de inversión a 74.540 millones (32%).
Del total de gastos corrientes, 55.262 millones se dedica a remuneraciones del
sector público, con un crecimiento desmesurado de la burocracia que pasó de 350
mil en el 2007 a más de 600 mil en el 2014; 35.000 millones dedicados a
subsidios, de los cuales 30 mil millones fueron a los estratos más altos y
apenas 5 mi millones llegan a los de abajo a través del bono de desarrollo
humano; 23 mil millones dedicados a publicidad; 23.456 millones (15%) para
compra de bienes y servicios” (E. Valencia, citado por N. Saltos).
Muchos de los grandes contratos
del Estado se han realizado en condiciones de excepción y no siguiendo la
normatividad establecida. En este contexto no resulta raro que hayan aparecido
varios casos de corrupción que siguen en la impunidad como el del hermano del
propio Presidente, el de su primo Pedro Delgado, el caso Duzak; actualmente, en
el nuevo escándalo de los Panama Papers y los paraísos fiscales, aparecen
implicados altos ex-funcionarios del gobierno como Álex Bravo y el gerente de
Petroecuador.
Se han fortalecido la
concentración monopólica y el capital financiero internacional
El resultado de la gestión
pública durante el régimen de AP es un “modelo
de acumulación monopólico rentista-financiero-importador. La concentración
monopólica en este período se agudiza: el coeficiente de Gini en las 12 áreas
principales económicas pasa de 0,902 en el 2005 a 0,964 en el 2010 (Larrea,
2015); en el 2007, 50 grupos económicos controlaban el 33% del PIB, en el 2010
el número de grupos económicos sube a 75 y controlaban el 43,8% (revista
Vanguardia 2012)” . Según la revista Ekos que reporta a las principales
empresas: “los ingresos de las 400 empresas más grandes pasaron de 21.241
millones de dólares en el 2003 a 34.567 en 2009 y a 43.488 en 2014” (Ekos
2015). ¡Se hizo realidad el sueño que los grandes capitalistas no pudieron
alcanzar en los gobiernos de derecha, gracias a un gobierno que se dice de
izquierda¡
Entre los grandes beneficiarios
extranjeros de la bonanza correista podemos mencionar los siguientes:
- La China, que se ha convertido
en el más importante acreedor internacional del país y a cuyas empresas se ha
entregado los proyectos de inversión más importantes. “La deuda externa con
el gigante asiático asciende a 8.395 millones. El costo de los créditos superan
al exigido por otros, además de que se condiciona la contratación a empresas
con sello chino y seguridad jurídica (preferencias) a las inversiones
provenientes de ese país” (Escandón F., Agencia Bolivariana de Prensa).
- Las operadoras de telefonía
celular CONECEL (Claro) y OTECEL (Movistar), a las cuales el gobierno ha
entregado la concesión de este fabuloso negocio hasta el 2023, a cambio de
montos muy bajos (480 y 220 millones respectivamente) si se comparan con los
ingresos declarados por dichas empresas (sólo en el 2014 declararon ingresos
por 1.671,42 millones y 688,84 millones respectivamente) (Ibid).
- Las transnacionales Kinross,
ECSA, Iamgold, etc., beneficiarias de las concesiones mineras a cambio de
reducidas regalías y que implican un alto impacto ambiental y una grave
afectación a las comunidades aledañas a la explotación.
- El grupo peruano Gloria, el
cual es dueño del ex-ingenio azucarero AZTRA, hoy COAZUCAR y de la Unión
Cementera Nacional (Ibid).
- El campo petrolero Auca, uno de
los más productivos del país fue concedido a la empresa Schlumberger, a cambio
de 1000 millones de dólares.
- La DP World Investments BV a la
cual se le entregó recientemente la concesión exclusiva del puerto de aguas
profundas Posorja a cambio de probables 3.520 millones ($70,4 millones por
año).
¿En qué queda, nos preguntamos,
el discurso antiimperialista de Correa y su postulado de defender la soberanía
nacional? ¿A manos de quienes han ido a
parar los altos recursos obtenidos en la última década? ¿Se ha fortalecido el
sistema productivo del país, especialmente el correspondiente a los pequeños y
medianos productores agrícolas, industriales, artesanales, comerciantes y
emprendedores de diverso tipo?
Políticas del gobierno frente
a la crisis
¿Cuáles han sido la políticas del gobierno para enfrentar la
crítica situación económica, agravada por el drama del terremoto del 16 de
abril?
Principalmente, continuar con el
endeudamiento externo e interno, mantener la salvaguardias a las importaciones,
decretar nuevos impuestos como el IVA aprovechando la desgracia del terremoto
(Ley de Solidaridad), vender los activos del Estado (privatización) y reformas laborales que benefician a las
empresas.
A más del nuevo endeudamiento con
la China (2.970 millones de dólares en créditos con los bancos chinos ICDB Y
CDB) y otros países asiáticos, el gobierno consiguió ampliar el cupo de crédito
del FMI a 1.000 millones. También ha anunciado un nuevo endeudamiento para
emprender obras como la Refinería del Pacífico que tendría un costo total de
13.000 millones de dólares, cantidad exorbitante que no se justifica en las actuales
condiciones del país y que se ejecutaría contando con posibles inversiones
chinas y coreanas. Se debe recordar que su costo inicial previsto era de 6.600
millones de dólares y debía iniciar operaciones en el 2013.
El despilfarro de los fondos del
Estado en varias megaobras como la Refinería del Pacífico salta a la vista.
Mencionemos algunos ejemplos más: la repotenciación de la Refinería de
Esmeraldas, prevista inicialmente en 128 millones de dólares (2005) llegó a
costar 1.400 millones y se han anunciado nuevas inversiones para suplir las
deficiencias técnicas del proyecto; la central Mandariacu, según denuncia de la
Comisión Nacional Anticorrupción, de 124.881 millones se elevó a 227.390
millones; la Central Hidroeléctrica Coca
Codo Sinclair ha aumentado de 1979,6 millones a 2.851 millones. La inversión en
elefantes blancos como el edificio de la UNASUR fue de 3,5 millones, en la
Universidad Yachay se habrían invertido alrededor de 600 millones de los 1.043
millones previstos hasta el 2017. En la publicidad estatal se gastan 386 mil
diarios (en el 2015 se gastaron casi 117 millones) (Revista Opción, 1 – 15 de julio 2016).
Otra política anunciada por el
gobierno ante la desesperación por obtener recursos para paliar la crisis es la
venta de varios activos del estado (privatización). “Los activos de
11 empresas, un banco, medios de comunicación y centrales hidroeléctricas que
el gobierno busca vender o abrir a capitales privados suman USD 8.215 millones
de acuerdo con los últimos balances publicados por las empresas. Esto
representa cerca del 20% de los activos de las 26 firmas estatales que están en
manos del Estado y cuyos activos suman USD 41.930 millones. Las empresas que
irán a la venta son TAME, Empresa Pública Cementera, FABREC, Banco del Pacífico
y los medios incautados GAMAtv TCTelevisión. En tanto CNT, FLOPEC y las
hidroeléctricas Sopladora, Mandariacu y Ocaña empezarán un proceso de
desinversión o apertura al capital privado” (El Comercio, 26 de Julio del 2016).
Se habla inclusive de una posible
privatización de todas las empresas hidroeléctricas, incluida Coca Codo
Sinclair. En la misma situación estaría la CNT (Corporación Nacional de
Telecomunicaciones).
La conclusión es obvia: ante la
crítica situación de la economía el gobierno renuncia a fortalecer el
patrimonio estatal y adopta políticas de
corte neoliberal, donde el Estado se convierte en un subsidiario para orientar
la acumulación hacia el sector privado, beneficiando sobretodo a los grupos que
detentan el monopolio de los mercados. La crisis como siempre la pagan los de
abajo y los de arriba tienen el poder y los medios para trasladarla a los
trabajadores.
Ganadores y perdedores del
periodo de Correa
La pregunta inicial: ¿década
perdida o ganada? no es correcta porque oculta la realidad de un país dividido por una profunda brecha entre las
clases sociales. Mas bien podemos hablar de ganadores y perdedores del periodo 2006
– 2016. Entre los ganadores de la década están el capital financiero
internacional, especialmente de la China, las transnacionales que explotan los
recursos naturales del país y las megaobras de infraestructura, los banqueros
que obtuvieron ganancias récord hasta el año pasado, los importadores que
aprovecharon el boom consumista, los nuevos grupos de ricos que han florecido
gracias a los contratos del Estado, la burocracia dorada cuyo poder e ingresos
se incrementaron notablemente, el partido de gobierno que ha copado todos los
poderes del Estado gracias a una permanente campaña publicitaria, el grupo
privilegiado de autoridades, docentes y estudiantes de Yachay y las otras
universidades creadas por el gobierno, en desmedro de las ya existentes.
 |
Represión a las protestas estudiantiles del colegio Montúfar |
Entre los perdedores están los
trabajadores que han visto sus derechos laborales conculcados, los afiliados al
IESS que ya no cuentan con el 40% de aporte del Estado para sus jubilaciones,
los pequeños campesinos que no han
podido acceder a recursos como la tierra o el agua y se ven obligados a migrar
para sobrevivir, los que han sido desalojados por los proyectos mineros o de
infraestructura, los consumidores de menores recursos que deben pagar mayores
impuestos como el IVA, los que han perdido su trabajo por los despidos y la
falta de apoyo para las pequeñas empresas, los movimientos sociales que han
sido cooptados, divididos y cuya lucha ha sido criminalizada, la población
fronteriza arruinada por la competencia de los países vecinos, los partidos
políticos de izquierda que han perdido credibilidad al ser asimilados al
discurso seudo socialista de Correa, los jóvenes y ecologistas que creyeron en
el proyecto de la no explotación del Yasuní y los derechos de la naturaleza,
las mujeres que perdieron espacios de participación y derechos específicos, los
maestros cuyos fondos de cesantía fueron intervenidos, los 500.000 jóvenes que
no han logrado ingresar a la universidad o los que no pudieron seguir la
carrera de su preferencia...
Otra gran sacrificada del periodo
ha sido la democracia por la concentración de todos los poderes en el ejecutivo
y en un sólo movimiento político, por la pérdida de autonomía de las funciones
judicial y la electoral, porque la participación fue burocratizada a través de
una nueva función del Estado que nadie sabe para qué sirve, porque se ha
instaurado un régimen de vigilancia y control que ha generado temor y recelo a
la crítica constructiva, porque no se han respetado derechos fundamentales como
el derecho a la organización autónoma, la resistencia y la protesta,
porque libertades básicas como la libre
expresión y la libertad de prensa han sido limitados por la Ley de
Comunicación, porque se desmovilizó y se desorganizó a los movimientos sociales
que enfrentaron al neoliberalismo, promoviendo un modelo individualista y
competitivo y no de solidaridad ni compromiso colectivo.
En conclusión, el período 2006
-20016 es una década ganada para la gran burguesía nacional e internacional y
perdida para la clase trabajadora y los sectores sociales de menores recursos.
Se desperdició una gran oportunidad para emprender cambios estructurales y ni
siquiera se intentó hacer algunas reformas que habrían marcado una
diferencia entre el régimen actual y los que gobernaron durante la larga noche
neoliberal.
 |
Primera movilización en contra las políticas del gobierno, año 2014 |
Es urgente y necesario construir una propuesta diferente desde las organizaciones y movimientos sociales que se han movilizado y han luchado en contra de las políticas antipopulares, especialmente desde mediados del 2014. La clase trabajadora y demás sectores populares sociales que son los que están pagando una crisis que ellos no provocaron, deben enarbolar su propio proyecto político, independiente de los proyectos burgueses, tanto del neoliberal de la derecha tradicional como el desarrollista – neoinstitucionalista y bonapartista del actual gobierno.
About
Movimiento al Socialismo
0 comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por escribir